I) Introducción

Con casi 12 millones de hectáreas destinadas a los cultivos transgénicos, Argentina ocupa el segundo lugar en el mundo, detrás de Estados Unidos, en la producción mundial de estos productos de la biotecnología. Su contribución no es nada desdeñable por cuanto alcanza un discreto 22% sobre el total global. Más allá de las polémicas generadas en torno a un tema desde el vamos controvertido, las exportaciones de soja (por citar el cultivo por excelencia en la Pampa Húmeda) representan para la Argentina nada menos que 3.500 millones de dólares anuales. Estas son a todas luces, cifras para tener en cuenta.
El ardoroso debate instalado alrededor de los transgénicos particularmente en Europa, no ha tenido hasta el momento, mayor repercusión entre los consumidores argentinos. La desinformación, la confusión o la indiferencia han ganado rápido terreno y en el medio queda un diálogo de posiciones enfrentadas que sólo encuentra eco entre los conservacionistas, las organizaciones no-gubernamentales, los productores, los economistas y las transnacionales. ¿Y el resto, dónde está?

Un Debate Multiplicado

No resulta sencillo abordar el tema de los transgénicos, conocidos en la jerga científica como “organismos genéticamente modificados o manipulados” (OGM). No sólo por lo complicado que es el tema en sí, sino también por la multiplicidad de aristas que exhibe actualmente. Aspectos biológicos, sanitarios, ambientales, tecnológicos, éticos, económicos, sociales, comerciales y hasta políticos forman el denso enjambre de opiniones contrapuestas que se escuchan alrededor del mundo entero.
La divergencia de conceptos ha encontrado dos polos bien diferenciados a ambos lados del Atlántico... y del Pacífico. Mientras Estados Unidos es el país con mayor producción mundial de OGM, Europa y Japón no sólo se resisten a su cultivo, sino también a su consumo. El primero se pronuncia a favor de un comercio libre de restricciones. Los segundos exigen la diferenciación estricta entre OGM y no-OGM. Luego de las catástrofes sufridas con el síndrome de encefalopatía espongiforme bovina (EEB o “mal de la vaca loca”) y los pollos contaminados con dioxinas, los consumidores europeos se han vuelto sumamente rigurosos en lo que concierne a la seguridad alimentaria.
En el Mercosur, la polarización también presenta sus agudos contornos. Mientras Brasil y Paraguay son defensores de la postura europea prohibiendo el cultivo de transgénicos en su territorio, Argentina y Uruguay se sitúan en el lado opuesto. En los últimos 5 o 6 años, Argentina se ha convertido en el segundo productor mundial de OGM. Y vaya dato curioso: el área que Argentina destina actualmente para el cultivo de transgénicos, es apenas un poco menor a la superficie total de Uruguay.
Hoy son cuatro los países del mundo que acaparan el 99% de la producción de OGM: Estados Unidos y Argentina (con el 91%) y Canadá y China (con el 8%) en ese orden. El 1% restante se reparte entre Sudáfrica, Australia, México, Uruguay, Indonesia y algunos países de Europa Oriental y Occidental. Entre todos, totalizaron casi 53 millones de hectáreas sembradas en 2001. Esta cifra equivale a considerar por ejemplo, como si un área similar a la península ibérica (España y Portugal) estuviera íntegramente sembrada con OGM.

Las Voces de la Polémica

El argumento más candente que sintetiza el problema de los OGM radica en su impacto en la salud y el medio ambiente. Hasta el momento no han aparecido pruebas científicas masivas, concluyentes ni categóricas que convenzan a todos acerca del perjuicio que pueden causar los transgénicos. Sin embargo, como reza el título de un artículo de la revista de ciencia Food Quality, “La ausencia de evidencia... no es evidencia de la ausencia.”
Lo cierto es que debido a la inusitada presión en contra ejercida particularmente por las organizaciones ambientalistas y la actitud de los mercados europeos de rechazar importaciones de granos genéticamente modificados, el cuadro de situación ha presentado algunas variantes. Luego de un espectacular crecimiento en los principales países productores entre 1996 y 1999, el área cultivada con transgénicos ha acusado si no un retroceso, al menos un ligero estancamiento durante los años siguientes.
Incidentes como el maíz transgénico StarLink®, no apto para el consumo humano, que fue detectado en el 2000 en dos marcas diferentes de “tacos” (tortillas de maíz que se expenden en México y Estados Unidos en fast-foods tipo McDonalds) han acentuado aún más las protestas. No sólo este suceso motivó el retiro total del mercado de las semillas de maíz StarLink®. También sensibilizó a muchos consumidores y alertó a los conservacionistas y partidos ecologistas.
Así fue como diversas investigaciones cobraron notoriedad en el mundo entero precisamente a través de estas fuentes. El caso de las ratas de laboratorio que enfermaron tras ingerir papas transgénicas, o la soja con genes de una nuez brasileña que provocó alergias a personas sensibles a dicha nuez, o el maíz cuyo polen resultó letal para las larvas de las mariposas Monarca, son sólo algunos pocos ejemplos. Estos hechos fueron reconocidos por algunos y enérgicamente refutados por otros. Muchos cuestionaron la representatividad de algunos de estos ensayos; otros valoraron su rigor científico.
También han sido objeto de acaloradas discusiones otras cuestiones intensamente debatidas como el peligro potencial de que los transgénicos se entrecrucen con malezas o parientes silvestres generando supermalezas, o que creen bacterias patógenas resistentes a antibióticos.
Mas el campo de batalla no sólo se circunscribe a estos aspectos cruciales. Hay quienes objetan seriamente los propósitos de la ingeniería genética. Desde que la clonación y la fertilización in vitro comenzaron a surgir de los laboratorios de investigación biológica, los principios éticos han dominado el pensamiento de muchos. Desde que unas cuántas transnacionales productoras de agroquímicos se fusionaron en unas pocas y se volcaron de lleno a la biotecnología, el concepto de globalización, monopolio y patentamiento de la vida ha sido manejado con singular recurrencia. Desde que el mundo optó por “numerarse,” no ha dejado de acusarse a los transgénicos de ser el vehículo propicio para la explotación, el empobrecimiento y la pérdida de biodiversidad del Tercer Mundo en manos del Primer Mundo. Y desde que las exportaciones agropecuarias constituyen el principal sustento de muchos países (la Argentina entre ellos) hay quienes contemplan a los OGM como la panacea de la economía mundial.
¿Será todo esto tan así?

El Público Quiere Saber

Uno de los puntos claves aún por resolver en este debate multidisciplinario, se encuentra centrado en el derecho del consumidor a conocer y elegir lo que se come. En todo el globo se reclama el etiquetado de los alimentos transgénicos, pero hoy sólo la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur cuentan con legislación al respecto.
Argumentando motivos de equivalencia sustancial por un lado, extrema dificultad en la detección de OGM en alimentos elaborados por otro y razones de altos costos de segregación de granos por el otro, las empresas no se vuelcan en favor del etiquetado de transgénicos. Por ende el consumidor, al menos en la Argentina, desconoce si el alimento que acaba de comprar en un supermercado fue elaborado con materia prima genéticamente modificada. Independientemente de que la información provista en la etiqueta pueda resultarle útil o no, y más allá de que la equivalencia sustancial tenga una justificación científica o no, un gran porcentaje de consumidores defiende su derecho a saber y permanecer informado.
La presión mundial por el etiquetado tiene su mayor asidero en el acuerdo logrado en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (PCSB), celebrado en Montreal, Canadá, en enero del 2000. Dicho protocolo establece una serie de pautas para la regulación del comercio internacional de organismos vivos genéticamente manipulados; no incluye productos derivados de OGM, como por ejemplo harinas proteicas, piensos o aceites. De este modo, quedó acordado en Montreal que las exportaciones de productos transgénicos destinados a procesamiento y alimento o forraje, deberán ser identificadas por rótulos con la leyenda “puede contener OGM.” Asimismo, luego de intensos debates, se llegó a un acuerdo para incluir el llamado principio precautorio en los lineamientos del protocolo. Mediante dicho principio, cada país puede negarse a importar organismos vivos--semillas, bacterias del suelo, peces u otros OGM--por consideraciones socioeconómicas o si estima que los mismos pueden tener un impacto negativo en el ambiente y la salud humana.
Mientras los ecologistas consideran el citado protocolo como “insuficiente y ambiguo,” los productores sojeros argentinos en particular, han visto con beneplácito la medida, por cuanto la misma no afecta a las industrias afines. ¿La razón? Debido a medidas de política económica sectorial que favorecían agregarle valor al producto con impuestos diferenciales y aprovechando el aumento del consumo mundial de aceites vegetales durante los 90, se desarrolló un complejo agroindustrial oleaginoso considerado “eficiente” por muchos; hoy la Argentina es el principal exportador mundial de estos productos, que no contienen organismos vivos.

La Argentina Genéticamente Modificada
Titanes En El Ring

Y así es como el gran debate ha llegado a este extremo sur del mundo. Desde 1990, cuando comenzó la batalla por un acuerdo jurídico mundial en asuntos de bioseguridad a través del Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, la Argentina siempre siguió los lineamientos y las posturas de los países agro-exportadores.
En 1996 y en el marco de dicho Convenio, se comenzó a negociar el Protocolo de Bioseguridad con vistas a su aprobación en un lapso no mayor a los dos años. Sin embargo y luego de enérgicos debates, Estados Unidos creó que 1998 el llamado “Grupo de Miami” al que rápidamente se integraron Argentina, Canadá, Australia, Chile y Uruguay. La postura de este grupo no favorecía la inclusión de las mercancías agrícolas dentro del Protocolo.
Así es como en febrero de 1999, las negociaciones llevadas a cabo en Cartagena, Colombia, tendientes a aprobar finalmente el Protocolo de Bioseguridad, fracasaron notoriamente ante las presiones del Grupo de Miami. El coordinador del Área de Biotecnología Vegetal del INTA y miembro de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), Esteban Hopp, explicaba la negativa argentina al diario Clarín en su edición del 13/03/99: “Tememos que [la oposición europea] sirva como pie para desconocer acuerdos a nivel de comercio internacional y que lo usen como excusa para establecer barreras para-arancelarias a nuestras exportaciones agrícolas.” Basado en la no diferenciación entre organismos convencionales y genéticamente modificados y en la exclusión del principio precautorio, el citado Grupo insistió en que el Protocolo quedara supeditado a los acuerdos comerciales de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Nadie esperaba que la próxima reunión de la OMC denominada Ronda del Milenio y celebrada en Seattle, Estados Unidos, a fines de 1999, se convertiría en un fiasco. Intensas protestas de la Unión Europea y los países en desarrollo, sumadas a las de grupos ecologistas y organizaciones no-gubernamentales, condujeron al total fracaso de las negociaciones. La imposibilidad de establecer un grupo de trabajo de la OMC en biotecnología y las tensiones generadas en la reunión, desembocaron en nuevas tratativas en Montreal en enero del 2000, donde por fin se llegó a un acuerdo acerca del Protocolo de Bioseguridad. El Grupo de Miami impuso sus lineamientos en algunos aspectos, pero tuvo que hacer concesiones en otros, por lo que el principio precautorio quedó definitivamente establecido.
En el marco de su alineación con el Grupo de Miami, Argentina continúa con su modelo agro-exportador basado muy especialmente en la soja con resistencia a herbicidas (casi el 100% de la soja cultivada en Argentina es transgénica) y más aún, en sus derivados, aceite y harina, en ese orden. Las estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) arrojan para la producción sojera en el período 2001-2002 una suba del 17,5% respecto del ciclo anterior. También se han registrado incrementos en el área sembrada y en los rendimientos por hectárea en comparación con el período 2000-2001.
Según afirma la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), respecto al complejo oleaginoso local, “estamos frente a una industria que, de continuar adoptando las nuevas tecnologías como lo ha hecho hasta hoy [OGM y técnicas de la llamada ‘siembra directa’] tiene la posibilidad frente a los Estados Unidos, de liderar el mercado mundial de alimentos y ser la base de una integración industrial vertical.” Sin embargo, muchas otras voces se hacen oír en contra de este vaticinio.

Y En Este Rincón...

En su artículo “El Comercio de Transgénicos en América del Sur: Elementos Políticos-Jurídicos para su Tratamiento en el Marco de la Integración Regional,” la investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) María Fabiana Oliver presenta sucinta y acertadamente a los grandes protagonistas de la contienda.
La autora establece tres pilares fundamentales de opiniones, representados por: a) las compañías semilleras, b) los agricultores y c) los ecologistas y organizaciones de consumidores rurales. Es llamativo notar que en esta clasificación, el consumidor urbano, es decir, aquél que vive en ciudades conformando el 84% de la población argentina (un 50% concentrado en Buenos Aires y su área metropolitana) queda excluido. Y esa exclusión no obedece a ningún error involuntario.
Las compañías semilleras se encuentran representadas en la Argentina por Nidera S.A. (que controla aproximadamente el 70% del mercado de la soja), Monsanto S.A.I.C., Syngenta Seeds S.A., Ciba-Geigy, AgrEvo S.A., Novartis S.A., Dow AgroSciences S.A., Advanta Semillas, Pioneer Argentina S.A, Astra-Zeneca y otras multinacionales, además de las firmas locales Relmo, Don Mario y La Tijereta. A su vez, numerosas instituciones nacionales han conformado el Grupo de Biotecnología, como por ejemplo, Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), Cámara de Sanidad Vegetal y Fertilizantes (CASAFE), Foro Argentino de Biotecnología (FOARBI o FAB), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y Bolsa de Comercio de Rosario, entre muchas otras. Precisamente la ASA se encuentra llevando a cabo una campaña virtual de difusión sobre los propósitos, alcances y perspectivas de la biotecnología a través del portal Por Qué Biotecnología, a semejanza del estadounidense-canadiense Whybiotech.
La posición de todos estos organismos (en su gran mayoría, privados) frente a la innovación introducida por los OGM es clara y contundente, según queda enunciado en el sitio web de Monsanto Argentina: “Las promesas de la biotecnología agrícola residen en aumentar la productividad y reducir costos; generar innovaciones y mejoras en los alimentos y conducir a prácticas agrícolas más ecológicas. Contribuir, en suma, a la agricultura sostenible, que utiliza los recursos con respeto al medio ambiente y sin hipotecar a las generaciones futuras.” Sin embargo, el mayor énfasis en la utilidad de los OGM ha sido puesto en su rol clave para paliar el hambre y la pobreza en el mundo, afirmación que ha encontrado no pocos detractores.
En lo que respecta a los agricultores, particularmente aquellos con suficientes recursos, la adopción conjunta de semillas genéticamente modificadas y de la técnica de siembra directa ha traído sus ventajas, al menos por el momento. El logro de un mejor control de malezas y plagas, por un lado ha reducido eficazmente los costos de producción, puesto que la diversidad de agroquímicos de antaño se ha reducido ahora a un solo producto: un herbicida a base de glifosato. Por otra parte, ha originado un incremento en los rendimientos por hectárea respecto a los cultivos convencionales, dado que las pérdidas ocasionadas por las plagas o las malezas son menores. En el caso de la soja--el cultivo transgénico por excelencia en la Argentina--el investigador del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente del Centro de Estudios Avanzados de la UBA, Walter Pengue, señaló durante una entrevista para la diario La Prensa (14/01/2001) que “la semilla transgénica es una comodidad, además de un tema económico. El productor lo único que hace es usar [herbicida] glifosato y se olvida de todo. El control de las malezas en soja era un verdadero problema.” No obstante el propio Pengue ha mencionado serios inconvenientes que podría acarrear el uso intensivo de glifosato a largo plazo, como así también otros efectos de impacto directo en el medio ambiente.
Finalmente los ecologistas y organizaciones de consumidores rurales mantienen una postura absolutamente desfavorable hacia los OGM. La filial local de Greenpeace es en la Argentina la entidad que lleva adelante, entre otras, una campaña en favor del etiquetado obligatorio de alimentos transgénicos bajo el título “Exigí Saber.” La organización declara que “los organismos transgénicos no obedecen a un requerimiento de la UNICEF o de la OMS, sino a la lógica misma de la tendencia del mercado.”
Las argumentaciones que esgrimen los conservacionistas y ONG giran esencialmente alrededor del peligro potencial de la presencia de organismos vivos en el medio y sus implicaciones sobre la salud y la biodiversidad. “Somos testigos de la liberación masiva de organismos desarrollados por ingeniería genética que son experimentados en forma extensiva por los productores agropecuarios y transforman a nuestro país en un inmenso laboratorio de pruebas de estas nuevas biotecnologías,” afirmaba la representante argentina de la Red Alerta Sobre Transgénicos (REDAST) en su campaña de 1999.
Una rama local de la REDAST, el Grupo de Reflexión Rural, ha denunciado públicamente las implicaciones económico-sociales que conlleva el cultivo de OGM, advirtiendo sobre la imposibilidad de que el paquete tecnológico (semilla OGM-glifosato-maquinaria de siembra directa) represente un modelo de agricultura sustentable para el pequeño y mediano agricultor, por la dependencia que crea con las compañías semilleras. “El modelo rural que se nos impuso es sencillamente de exportación de commodities, de concentración de tierras y de exclusión de poblaciones,--expresa el activista del GRR, Jorge E. Rulli--. Veinte millones de hectáreas de las mejores tierras agrícolas están hoy en manos de no más de 2.000 empresas. En los años 90 se produjo la mayor transferencia de campos de toda la historia del país, siendo reemplazada la vieja oligarquía vacuna por una nueva clase empresarial oligopólica y prebendaria.”
Agria y feroz contienda, si las hay. En el juego del “tira y afloje,” tratemos de explorar a continuación las dos caras de la moneda. Pero antes, echemos una mirada histórica a los acontecimientos que a través de las épocas se han ido encadenando hasta desembocar en la ingeniería genética de la segunda mitad del siglo XX y veamos cómo se presenta la situación actual de la biotecnología, ya en el Tercer Milenio.